En todo el mundo, los trabajadores y trabajadoras sexuales están expuestos constantemente a sufrir abusos. Esto no es noticia. Tampoco lo es que sean un grupo sumamente marginado de personas, pero debemos reconocer que a menudo son mujeres y hombres que viven al margen de la sociedad quienes se ven obligados a hacer trabajo sexual y que probablemente no tengan otra forma de ganarse la vida.
A nadie le sorprendería saber que sufren discriminación, palizas, violaciones y hostigamiento, a veces a diario, o que con frecuencia se les niega el acceso de servicios básicos de salud y vivienda.
Una simple incursión en la vida de los trabajadores y trabajadoras sexuales revela que hay muchos problemas esenciales de derechos humanos que es preciso abordar con urgencia. ¿Cómo podemos reducir la amenaza de violencia a los trabajadores y trabajadoras sexuales? ¿Qué podemos hacer para garantizar que tienen acceso a atención médica y ayudarles a prevenir el VIH? ¿Y cómo se puede poner fin a la discriminación y la marginación social, que aumentan el riesgo de que los trabajadores y trabajadoras sexuales sufran abusos? Estas preguntas sobre salud, seguridad e igualdad por ley son más importantes que cualquier objeción moral a la naturaleza del trabajo sexual.
En busca de respuesta a estas interrogantes y más, es que El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), se han comprometido en todo momento a abordar esta población.
Mientras que el COIN actualmente trabaja con la población de trabajadoras sexuales bajo el Proyecto Grupos Vulnerables Caribeño, el cual es un proyecto de cinco años en respuesta al VIH y al SIDA en trabajadoras sexuales caribeñas, hombres que tienen sexo con hombres, juventud socialmente excluida o marginalizada y personas que consumen drogas, el ODHGV sirve como plataforma para las organizaciones de la Sociedad Civil donde se puede registrar denuncias, dar seguimiento y visualizar las violaciones de Derechos Humanos que sufren los Grupos Vulnerabilizados, entre ellos, el de los/as trabajadores/as sexuales, con el fin de presentar reclamaciones a las entidades competentes para sancionar dichos actos y apoyar en la formulación de políticas públicas necesarias para facilitar la puesta en práctica de los Derechos Humanos de estas poblaciones claves.
Ni del derecho al trabajo, ni del de la protección debida y garantizada de su ejercicio, mucho menos del de la igualdad ante la ley, gozan los/as trabajadores/as sexuales en República Dominicana, notorio por demás es la agresión de la cual son víctimas permanentes por parte de la policía y de cuanto poder y autoridad se proclama para discriminarlas y estigmatizarlas social, laboral, judicial y culturalmente.
Pero al igual que al obrero, campesino, médico, ingeniero, enfermera, profesor, artista se les reconoce sin discriminación ni estigmatización su derecho al trabajo y su condición de asalariados, el Estado Dominicano, debe garantizar y hacer efectiva la no exclusión de uno y otra para los trabajadores y las trabajadoras sexuales, pues en la práctica cuanto hoy prima objetivamente es su violación por los actores de la institucionalidad obligados a salvaguardarlos, protegerlos y garantizarlos.
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